El G-9 muestra su preocupación por el tratamiento del profesor asociado en la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario

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La Comisión Sectorial de Profesorado del Grupo 9 de Universidades (G-9), reunida en Oviedo con la asistencia de la vicerrectora Ana Briones, ha mostrado su preocupación por el tratamiento de la figura de profesor asociado en la actual redacción del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Sus integrantes confían en que se introduzcan modificaciones para que el texto final de la nueva LOSU “sea el mejor posible para la institución universitaria y la sociedad en su conjunto”.

La comisión ha recordado que la actual redacción del anteproyecto aboga por la transformación de la figura de profesor asociado en otra de carácter indefinido con el objeto de reducir la temporalidad en la docencia universitaria. El rector de la Universidad de Zaragoza y presidente de la Sectorial, José Antonio Mayoral Murillo, ha destacado, en relación con las críticas sobre la contratación de falsos asociados, que, en el ámbito del grupo G-9, “rechazamos que nuestros contratos sean fraudulentos y que se precarice a este colectivo, que debe tener para su contratación una actividad profesional principal fuera del ámbito académico universitario”.

Por su parte, el vicerrector de Políticas de Profesorado de la Universidad de Oviedo, Pedro Alonso, anfitrión del encuentro, ha manifestado que “de no modificarse la actual redacción del texto legal, la nueva ordenación transformará en permanente una segunda actividad de personas que pueden tener otra relación de empleo que ya es estable, muchas veces en las administraciones públicas. Esta situación obligará posiblemente a modificar la normativa de compatibilidades de los empleados públicos, siempre de manera asimétrica, puesto que nunca se flexibiliza en sentido favorable para el profesorado universitario a tiempo completo”.

Los integrantes de la Comisión Sectorial de Profesorado del G-9 consideran, en cualquier caso, “que la perspectiva de la docencia impartida por el profesorado asociado resulta esencial en algunas titulaciones”. Los miembros de la comisión subrayan además “que esta transformación de la figura del asociado, como muchas otras que aparecen en las múltiples evoluciones del anteproyecto, va a incrementar los costes del sistema universitario sin que se vislumbren partidas económicas que compensen el aumento de estos costes y con el consiguiente riesgo de abocar a la universidad hacia la insostenibilidad financiera”.

La comisión ha añadido que debe abordarse una adecuada comparabilidad entre la actividad que realiza el profesorado asociado y la del profesorado a tiempo completo, partiendo de que la contratación del profesorado asociado tiene por objeto exclusivo la cobertura de determinadas necesidades docentes, mientras que el profesorado a tiempo completo combina la actividad docente con la investigadora y la de gestión. “Ha de tenerse en cuenta que también hay profesorado de los cuerpos docentes universitarios con relación a tiempo parcial, que tiene unas condiciones de empleo y retributivas muy determinadas y que puede servir de parámetro, salvando las diferencias en la actividad que realizan unos y otros”.

Así mismo, han hecho hincapié en la importancia de la actividad docente, en relación con la función primaria que la universidad cumple para la sociedad, que es académica. “Es preocupante cómo el sistema conduce a que los actores sean refractarios a la actividad en el aula o en el laboratorio, dado que valora más otro tipo de actividades. La reducción de la actividad docente del ayudante doctor marca claramente esta tendencia”, aseguran.

Sobre las relaciones de puestos de trabajo (RPT), la comisión ha querido destacar el papel vertebrador que tienen como un elemento eficiente en el reflejo de la realidad de las universidades, con carácter dinámico y adaptable a los cambios que se produzcan en los ámbitos académicos y científicos, sociales, políticos y económicos.  Finalmente, la comisión ha solicitado al gobierno que aproveche la ocasión para eliminar discriminaciones que obran en contra del profesorado de los cuerpos docentes universitarios y, por extensión, a otro profesorado, en comparación con otros empleados públicos. Esta petición hace referencia, en concreto, a la normativa de incompatibilidades de los empleados públicos y a la de retribuciones.

Grupo 9 de Universidades

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación conformada por las universidades públicas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.
La finalidad de la asociación es potenciar las relaciones entre las instituciones universitarias pertenecientes al grupo, a fin de promover, entre otras, la colaboración en actividades docentes e investigadoras de su comunidad universitaria. Las universidades del G-9 cuentan con 170 000 estudiantes, 19 340 miembros del personal Docente e Investigador y 8160 miembros del personal de Administración y Servicios.

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