El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha visitado este viernes la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para participar en unas jornadas sobre endeudamiento y pobreza de las personas físicas organizadas por el Centro de Estudios de Consumo (CESCO). En declaraciones previas a su conferencia señaló que el aumento de la desigualdad es «una de las secuelas más preocupantes de la recesión económica» y mostró su preocupación por la «transmisión intergeneracional de la pobreza».
Acompañado por el rector, Miguel Ángel Collado, Méndez señaló como “el hecho más dramático de la desigualdad” que en España existan más de tres millones de niños en hogares en situación de pobreza relativa. Los otros dos rostros son los parados de larga duración, un problema que se recrudece por encima de los 50 años, y la pobreza de las mujeres trabajadoras, “particularmente agravada por la existencia de la brecha de género”.
En su comparecencia antes los medios habló la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de carácter urgente que UGT y CCOO impulsan “para crear el derecho subjetivo a cobrar prestación por ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas”. Méndez explicó que la ayuda tendría una dotación básica de 426 euros, ampliables según la situación del beneficiario, y carácter indefinido hasta que se resuelva la situación. Tras explicar las diferencias de esta prestación con la que ofrecen las comunidades autónomas, el secretario general de UGT dijo que esta ILP “ampararía a más de dos millones de personas, 2/3 de ellas mujeres”.
Antes de ofrecer su conferencia sobre la depauperación del factor trabajo ante el éxito económico en el marco de las jornadas que hoy concluyen en el Campus de Toledo, Méndez incidió en la necesidad de recuperar el diálogo permanente “porque la gobernabilidad asentada sobre un solo partido ya no va a ser posible”.
En la presentación de la segunda jornada organizada por el CESCO bajo la dirección de los profesores Ángel Carrasco y Lourdes López Cumbre, el rector subrayó la importancia del encuentro “porque es fundamental que los operadores sociales busquemos soluciones para reducir la brecha de la pobreza”. En un foro integrado mayoritariamente por especialistas en Derecho de Consumo, el rector reivindicó el acercamiento “para buscar un cuerpo doctrinal que ayude a reconstruir el estado de bienestar y a conseguir una sociedad más justa”.
