La UCLM participa en un proyecto que persigue convertir los entes públicos catalanes en referentes de buenas prácticas antifraude

A través del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional

Imagen de una de las reuniones mantenida por los implicados en el proyecto. © Oficina Antifraude de Cataluña

La Oficina Antifraude de Cataluña, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Vigo trabajan de forma conjunta en un proyecto sobre cumplimiento normativo e integridad en entidades públicas del ámbito de actuación de la propia Oficina, con el objetivo de establecer estándares y convertirlos en referentes de buenas prácticas antifraude.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, colabora con la Oficina Antifraude de Cataluña en un proyecto que busca convertir a las entidades públicas catalanas en referentes de buenas prácticas a nivel nacional e internacional a través de la elaboración e implantación generalizada de diversos programas estándares de cumplimiento normativo y de planes de integridad.

Liderados por la propia Oficina Antifraude de Cataluña, junto con la Universidad de Castilla-La Mancha el proyecto implica también a las universidades Autónoma de Barcelona y la de Vigo y cuenta con la colaboración de expertos independientes de la Universidad Oberta de Cataluña y la italiana de Módena, dado que el trabajo incluye un estudio de experiencias internacionales comparadas.

El estudio, iniciado en febrero del año pasado y actualmente en proceso de elaboración, cuenta con la participación activa de 23 entidades del sector público de distinta índole, desde sociedades mercantiles públicas hasta entidades públicas de carácter empresarial y consorcios, todas del ámbito de actuación de la Oficina Antifraude de Cataluña.

El trabajo consta de varias fases. En una inicial se seleccionaron las entidades a las que se dirigió un cuestionario para detectar riesgos y vulnerabilidades, según criterios territoriales, medición y dependencia de diversas administraciones públicas. Las 23 entidades públicas que respondieron el cuestionario, de las más de 70 a las que se envió, están participando actualmente en el estudio. La fase de entrevistas en profundidad de estas entidades se realizó durante los primeros meses de 2021 y finalizó el pasado mes de septiembre.

En una etapa posterior, previo al análisis de la información obtenida, se desarrollarán estándares de cumplimiento normativo e integridad y la idea es que la difusión de los resultados del estudio, complementada con capacitaciones y jornadas de sensibilización, llegue a todas las entidades públicas potenciales.

Respecto a la metodología que sigue el proyecto, el catedrático de Derecho Penal de la UCLM Adán Nieto, implicado en el proyecto, explica que aquélla se basa en el diálogo, la confianza y el trabajar con los sujetos con los cuales se intenta establecer estándares de cumplimiento normativo. “Establecer patrones de cumplimiento es muy complejo y solo desde la confianza se puede llegar a soluciones convincentes, adecuadas, pioneras e innovadoras. Solo así estos estándares tendrán una gran legitimidad y serán de referencia”, asegura Nieto.

Desde la Oficina Antifraude de Cataluña, su director, Miguel Ángel Gimeno, destaca que “las instituciones tienen la obligación de rendir cuentas y ser ejemplares con el cumplimiento de las normas, pero la confianza de la ciudadanía necesita algo más: los valores. Tienen que actuar con coherencia con las finalidades por las cuales se han creado. Cómo dice la OCDE solo con un cumplimiento muy estricto de las normas no se logra la máxima eficacia contra la corrupción, también se tiene que apostar por una estrategia con integridad pública”.