El profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Javier Miranzo Díaz ha sido distinguido con el Premio Internacional de Investigación Jurídica de la Asociación Española de Profesores y Profesoras de Derecho Administrativo (AEPDA) ‘Lorenzo Martín-Retortillo’, en su octava edición. Miranzo, investigador del Centro de Estudios Europeos ‘Luis Ortega Álvarez’, ha sido reconocido por un trabajo centrado en el régimen jurídico de la protección del informante en el sector público.
El galardón fue concedido por unanimidad por el jurado reunido en Toledo e integrado por los catedráticos de Derecho Administrativo Fernando López Ramón, Isaac Martín Delgado y Patricia Valcárcel Fernández; el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Diego Córdoba Castroverde y la presidenta de la AEPDA, Concepción Barrero Rodríguez.
La obra premiada, titulada ‘El régimen jurídico de la protección del informante en el sector público: arquitectura jurídica y administrativa’, analiza de forma crítica el marco legal que regula la protección de los denunciantes en el ámbito público. El estudio parte del contexto internacional y europeo y examina las principales dificultades detectadas en la transposición de la normativa europea al ordenamiento jurídico español.
El trabajo aborda quiénes pueden ser considerados informantes y en qué situaciones se garantiza su protección. Analiza, entre otros aspectos, las relaciones laborales, los vínculos indirectos y los supuestos extemporáneos, así como las exclusiones y limitaciones previstas en la legislación vigente. También examina el ámbito objetivo de aplicación de la norma, que evidencia, según el autor, “una fragmentación entre el modelo europeo y el nacional, con consecuencias prácticas en su aplicación”.
La investigación dedica una parte relevante al estudio de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, con atención a su grado de independencia y a sus funciones. Se analizan los procedimientos de recepción y tramitación de denuncias, así como los mecanismos previstos para proteger a los informantes frente a posibles represalias.
Igualmente, examina las respuestas normativas y organizativas adoptadas por las comunidades autónomas. El análisis pone de relieve un panorama heterogéneo y subraya la necesidad de mejorar la coordinación entre las autoridades autonómicas y la estatal para garantizar la coherencia del sistema.
La investigación concluye destacando las tensiones prácticas que genera la regulación actual, en especial en la configuración de los canales internos de denuncia y su relación con los externos. “Estas cuestiones refuerzan la importancia de adoptar decisiones organizativas adecuadas y de avanzar en un desarrollo normativo interno que garantice la seguridad jurídica y la eficacia preventiva del modelo de protección del informante”, señala el profesor.