En la inauguración del VIII Congreso del Sistema Arbitral de Consumo, que reúne en el Campus de Toledo a un centenar de especialistas y profesionales, el vicerrector de Internacionalización, Raúl Martín, ha puesto en valor el trabajo del Centro de Estudios de Consumo (CESCO) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Organizado por el Ministerio de Consumo y la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo de Castilla-La Mancha, el encuentro tiene como objetivo compartir buenas prácticas y analizar los retos de este sistema de mediación.
Según indicó Raúl Martín, que felicitó a los organizadores del congreso por elegir Toledo y la UCLM como sede, el CESCO lleva más de dos décadas “formando, informando y asesorando a la ciudadanía, a empresas y administraciones sobre un tema en continua evolución”. El vicerrector señaló además el elevado número de jornadas y de publicaciones en torno a los asuntos de consumo, entre ellas los 46 números de la revista editada por el CESCO bajo la dirección del catedrático Ángel Carrasco, a su vez presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha.
En declaraciones previas al acto inaugural, el secretario de Estado de Consumo, Rafael Escudero, señaló que este encuentro “forma parte de las actividades normativas y políticas que el Ministerio está desarrollando con las comunidades autónomas para impulsar el sistema arbitral de consumo como un mecanismo ágil para resolver conflictos de manera amistosa” y subrayó la “colaboración muy fructífera” con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha “en la defensa de los intereses de las personas consumidoras”.
También intervino el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que destacó el trabajo realizado desde el Gobierno regional para reforzar el sistema arbitral mediante diversos convenios con las entidades locales en las cinco provincias. Según indicó, en los diez organismos de ámbito provincial se han recibido 1500 solicitudes de mediación y dictado cerca de mil laudos. Escudero apuntó a la colaboración financiera con el Ministerio de Consumo para “reforzar y restaurar nuestro sistema de arbitraje de consumo a nivel regional” y dijo que en la actualidad son 12000 las empresas adheridas- También avanzó que está en marcha un plan de digitalización dotado con 50 000 euros y “muy avanzado” un anteproyecto de ley para dotar de rango legal al sistema de arbitraje consumo y garantizar así el derecho de acceso de la ciudadanía.