La Asamblea Ciudadana para el Clima, a cuyo grupo de expertos pertenece el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) José Manuel Moreno, ha recibido este lunes el Premio Extraordinario de Medioambiente 2021, otorgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Seguidamente, la Asamblea ha presentado al presidente Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra Teresa Ribera sus 172 recomendaciones sobre consumo, alimentación y usos de suelo, comunidades, salud y cuidados y trabajo y ecosistemas.
El MITECO distingue así el trabajo conjunto de los cien integrantes de la Asamblea Ciudadana para el Clima, el grupo de personas expertas y el Panel de Coordinación (formado por BC3 y REDS),que les han apoyado de un modo independiente, con el Premio Extraordinario de Medioambiente de acción por el clima y compromiso cívico. Junto al resto de los Premios Nacionales de Energía y Medio Ambiente, este galardón otorga reconocimiento público y social a aquellas personas o entidades que han destacado bien por sus aportaciones creadoras, científicas, educativas o sociales en favor de la descarbonización de la economía, o bien por la defensa, estudios y promoción ambiental y climática, contribuyendo a la conservación y protección de los valores ambientales.
Tras recoger el premio, una delegación de la Asamblea se ha trasladado a los jardines de la Moncloa para mantener un encuentro con Sánchez y Ribera y hacerles entrega de las 172 recomendaciones que buscan proporcionar una visión social sobre cómo acelerar en la lucha contra el cambio climático. Según la normativa que regula esta iniciativa, el documento debe remitirse al Gobierno y al Congreso de los Diputados para facilitar la toma de decisiones en materia de política de cambio climático y llevar el debate también a los actores económicos y a la sociedad en general.
El mandato de la asamblea ha sido elaborar propuestas para lograr una España más segura y justa ante el cambio climático, con menos emisiones de gases de efecto invernadero, menos vulnerabilidad a los riesgos de la emergencia climática, teniendo presente los principios de solidaridad y justicia social.
Esta iniciativa de carácter deliberativo tiene su origen en la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España de enero de 2020, que incluía entre sus compromisos reforzar los mecanismos de participación, y se materializó en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.