Un doctorando de la UCLM propone en su investigación mejoras en el marco jurídico de las personas sordas

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Un trabajo de investigación del doctorando de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Francisco José Sierra Fernández aborda la actual protección jurídica de las personas sordas y propone mejoras en el marco legal.

El doctorando de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Francisco José Sierra Fernández propone en un trabajo de investigación mejoras jurídicas para las personas sordas en el marco del estatuto jurídico de las personas con discapacidad, pendientes en España desde la firma de la Convención de Nueva York de 2006.

El trabajo, fruto de la tesis doctoral dirigida por el profesor del Área de Derecho Constitucional de la UCLM Enrique Belda y defendida en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, aborda la actual protección jurídica de las personas sordas y realiza un análisis de la mejora normativa, estudiando su evolución y disfunciones y aportando propuestas.

En su estudio, Sierra Fernández asegura que las instituciones sociales y educativas “no han respondido a las demandas de las personas sordas”, y basa su afirmación en datos estadísticos como que “menos del 1 % de las escuelas de Educación Primaria usan la lengua de signos como medio de comunicación con niños y niñas sordos”, “el 92 % de toda la población no tiene formación que la habilite para el ejercicio de una profesión y carece de competencias profesionales adquiridas mediante enseñanza reglada” o que la ratio de intérpretes en lengua de signos en España es de uno por cada 143 personas sordas, frente a las 10 de otros países.

A este respecto, en su trabajo el autor considera preciso, entre otras cuestiones, “promover una ley orgánica que regule el uso de la lengua de signos en aquellos derechos fundamentales que constriñen a las personas sordas, como garantía institucional para que la libertad y la igualdad del colectivo sean reales y efectivas”.

Francisco José Sierra Fernández es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Cantabria y optó por la UCLM para desarrollar su investigación, ya que desde 2012 está reconocida como institución investigadora acreditada por el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos, adscrito al Real Patronato de las Personas con Discapacidad.

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