La profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Josefa Cantero ha recibido el primer Premio de Investigación Benito Ramos de Administraciones Públicas, concedido por la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto Nacional de Administración Pública de España (AEINAPE). Investigadora del Centro de Estudios Europeos ‘Luis Ortega Álvarez’, la profesora analiza en el trabajo premiado la protección de los derechos digitales en el empleo público.
Josefa Cantero Martínez, catedrática de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de Albacete, llevó a cabo la investigación en el marco de un convenio suscrito entre la UCLM y la entidad pública empresarial Red.es para el desarrollo de la Carta de Derechos Digitales aprobada por el Gobierno de España en 2021.
El trabajo analiza el impacto de las transformaciones tecnológicas y del uso de sistemas de inteligencia artificial en la gestión del personal al servicio de las administraciones públicas. “Los avances tecnológicos permiten que la Administración pueda convertirse en una Administración panóptica, con capacidad para videovigilar, geolocalizar y acceder a dispositivos digitales corporativos”, explica la profesora. En este contexto, advierte de los efectos directos sobre el derecho a la intimidad de las personas que trabajan en la administración.
La autora señala que nuestro ordenamiento jurídico “ha reaccionado de forma tardía e insuficiente ante esta amenaza”, al reconocer el derecho fundamental a la intimidad frente al uso de tecnologías digitales y extender al empleo público soluciones procedentes del ámbito laboral. No obstante, subraya que estos avances “no resuelven los desafíos actuales”.
El estudio sitúa el reto principal en el uso de sistemas de inteligencia artificial en el empleo público. “Sería un error pensar que el problema se limita a la videovigilancia o la geolocalización; el verdadero desafío se encuentra en la utilización de sistemas de inteligencia artificial”, afirma. Estos sistemas pueden influir en la organización del trabajo, en la transformación de puestos y en la toma de decisiones automatizadas, lo que plantea interrogantes sobre los denominados poderes de dirección algorítmica. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial los califica como de alto riesgo y establece un régimen jurídico específico.
La investigación advierte de la asimetría informativa entre una Administración basada en algoritmos y sus empleados. “La dificultad real de impugnar decisiones automatizadas cuando se desconocen los criterios que las sustentan debería abocar al reconocimiento de nuevos derechos”, sostiene. Entre ellos, menciona la intervención humana en decisiones automatizadas, la igualdad y no discriminación frente a sesgos algorítmicos, así como la transparencia y trazabilidad de las decisiones.
Desde esta perspectiva, la autora concluye que “los derechos digitales del empleado público no pueden concebirse como una mera extensión de los derechos laborales clásicos a un entorno tecnológico”. A su juicio, deben reinterpretarse a la luz de los derechos constitucionales que rigen el empleo público y de su compatibilidad con sistemas que aprenden de datos históricos y predicen comportamientos. “La Carta de Derechos Digitales constituye una guía para esta labor que ha de ser abordada por el legislador básico”, concluye.