El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado, y el consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), Jesús Fernández, han firmado un convenio que refuerza la colaboración de ambas instituciones en la protección de los derechos del consumidor. En virtud de este acuerdo, el Centro de Estudios de Consumo (CESCO) se constituye como centro colaborador a la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha.
Mejorar la protección de los derechos del consumidor mediante la realización de distintas actividades de información, formación, investigación y fomento de los mecanismos de solución amistosa de litigios es el objetivo del nuevo convenio suscrito entre la UCLM y el Gobierno regional. En este sentido, la UCLM prestará asistencia técnica en la gestión de reclamaciones y denuncias y asesoramiento jurídico en la producción normativa, además de emitir informes y dictámenes y desarrollar estudios e investigaciones en materia de consumo.
Por otra parte, se desarrollarán conjuntamente acciones de formación en el ámbito universitario, así como análisis y ensayos comparativos cuyos resultados serán publicados. También llevarán a cabo proyectos de cooperación institucional e internacional y fomentarán la información y la divulgación en materia de consumo especialmente en entornos digitales.
El convenio recoge también la constitución del CESCO, bajo la dirección del catedrático de Derecho Civil Ángel Carrasco, como centro colaborador de la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha. Esta incorporación implica que once investigadores del centro actuarán como árbitros únicos, lo que permitirá agilizar la tramitación de los expedientes y resolver diferentes problemas de gestión.
La incorporación del CESCO al sistema arbitral de consumo de la región “supone un reconocimiento como centro de investigación del Derecho de Consumo y pone de manifiesto su vocación de servicio a la sociedad’, señalan desde este centro toledano. El arbitraje de consumo es un procedimiento eficaz de solución de conflictos que no soporta costes económicos y prescinde de la vía judicial. Los laudos arbitrales son de obligado cumplimiento para las partes y tienen el mismo valor que una sentencia.