La UCLM estudia cómo implantar en la región un sistema de mediación de consumo

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Los siete especialistas en mediación de consumo con mayor reconocimiento en España participan este lunes en un encuentro promovido por el Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). En palabras de su director, el catedrático de Derecho Civil Ángel Carrasco, la iniciativa servirá para «intentar explotar en Castilla-La Mancha la práctica de la mediación» siguiendo un modelo que en Cataluña, Valencia, País Vasco o Madrid registra mucha actividad en materia bancaria, arrendamientos, etc.

En declaraciones previas a la celebración del encuentro, el profesor Carrasco señaló la mediación como el sistema para la resolución de conflictos de consumo más efectivo y viable, puesto que en los próximos cinco años «la justicia se va a poner imposible para los consumidores».

Como alternativa al arbitraje, «que tiene limitaciones institucionales, no sirve para solucionar determinados conflictos y además es muy caro», la mediación se configura como el «único modelo factible» según Carrasco. En España existen varias comunidades autónomas con gran experiencia en materia de mediación de consumo. Por esta razón, el CESCO ha convocado a los principales especialistas del país para compartir experiencias. «Queremos que nos lo cuenten, porque en Castilla-La Mancha puede haber un sistema en el que haya, por ejemplo, mediadores con cada entidad bancaria. Nosotros lo podríamos hacer mejor que nadie si tuviéramos financiación», indica el catedrático.

El profesor Carrasco señala dos casos habituales en los que los especialistas del CESCO podrían llevar a cabo esta interlocución: deudores hipotecarios y apelación de particulares contra empresas de servicios energéticos, de comunicaciones, etc., con las que existe «un continuo goteo de malestar y pequeños engaños». Son, en palabras del director del CESCO, «situaciones muy conflictivas que se podrían resolver mediante un sistema de mediación».

En la inauguración del encuentro participó la directora general de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo de Castilla-La Mancha, María Dolores Rubio, que señaló la necesidad de «fomentar todos los mecanismos alternativos al arbitraje de consumo» y subrayó la incidencia de las nuevas tecnologías para agilizar tanto la tramitación de las reclamaciones como la respuesta.

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