La Comisión Sectorial de Profesorado del Grupo 9 de Universidades (G-9), reunida en la Universidad de Cantabria con la asistencia de la vicerrectora de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), María Antonia Herrero Chamorro, reclama el cumplimiento de los compromisos económicos del programa María Goyri, la asunción de la evaluación de ayudantes doctores por las agencias de calidad y una definición estable de los procesos de acreditación previstos en la LOSU.
Las vicerrectoras y vicerrectores de Profesorado del G-9 instan al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a garantizar la financiación comprometida en los convenios del programa María Goyri suscritos junto a las comunidades autónomas y a reconocer y atender los costes derivados de la evolución de las plantillas de Personal Docente e Investigador (PDI) motivada por la aplicación de las exigencias de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Todos los miembros de la sectorial, presidida por la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, coinciden en que la evaluación orientativa del desempeño de las profesoras y los profesores ayudantes doctores debe ser asumida por las agencias de calidad, al tratarse del mecanismo más fiable para valorar el progreso y la calidad de su actividad docente, investigadora y, en su caso, de transferencia e intercambio de conocimiento. Solo así puede cumplirse el objetivo que persigue la LOSU: ofrecer a este colectivo una orientación eficaz que les permita alcanzar los méritos necesarios para obtener la acreditación que les habilite a concursar a una plaza de profesorado permanente al término de su contrato.
Asimismo, exigen al Ministerio y a las Agencias de Calidad que aclaren de forma definitiva el horizonte de la evaluación a Profesor Permanente Laboral (PPL), especificando hasta cuándo permanecerá abierta la convocatoria de evaluación a Profesor Contratado Doctor, y que detallen con precisión los procedimientos, plazos en los que estará disponible la evaluación para acceder a la figura de PPL.
La comisión también ha puesto sobre la mesa las buenas prácticas de las universidades componentes de este grupo en torno al desarrollo e implantación del programa DOCENTIA, las compatibilidades y venias docendi del personal investigador, las convocatorias específicas de plazas para profesorado con discapacidad y los concursos de movilidad recogidos en el artículo 72 de la LOSU. A todo ello se suma la preocupación manifiesta por la dificultad añadida que genera la continua modificación del proyecto de Real Decreto de ámbitos y especialidades, que, actualmente, carece de un documento de referencia estable, generando inseguridad y confusión en las universidades.
En paralelo, se ha presentado la XIII edición del Plan en línea de Formación del Profesorado Universitario G-9 y la II edición del Plan en línea de Formación específica para el Profesorado Novel G-9, subrayando el potencial de esta herramienta compartida en la apuesta firme del grupo por la formación y actualización permanente del personal docente e investigador.
Grupo 9 de Universidades
El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza, además de la Universidad de Murcia, como entidad colaboradora, junto con la Universidad de Burgos y la Universidad de La Laguna, que participan activamente en el Campus Digital Compartido G-9.