El ministro de Universidades, Joan Subirats, se ha reunido este jueves en el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con la Asamblea de Rectoras y Rectores del Grupo 9 de Universidades (G-9), que le ha trasladado su máxima preocupación sobre la incidencia de la reforma laboral en relación con la contratación del personal investigador, pidiéndole que canalice las actuaciones necesarias para que desde el gobierno de España se dé una solución inminente a este problema. El G-9 también le ha pedido al ministro que se elimine la tasa de reposición, que está provocando la reducción y el envejecimiento de las plantillas.
En el transcurso del encuentro, presidido por el rector de la UCLM, Julián Garde, las rectoras y los rectores del G-9 han puesto de manifiesto la necesidad de una Ley del Sistema Universitario (LOSU) que mejore la estructura, la gobernanza y la financiación de las universidades públicas de modo que nos acerque a los estándares europeos. Dentro de esta ley es necesario reformar el estatuto del PDI para garantizar la retención y atracción de talento al sistema universitario español y reducir la tasa de temporalidad.
En este punto, las rectoras y los rectores del G-9 también han solicitado al ministro que haga las gestiones oportunas para eliminar la tasa de reposición y, una vez eliminada, permita a las universidades, en colaboración con los gobiernos autonómicos, desarrollar políticas de personal adaptadas a las necesidades de su entorno. “La limitación impuesta por la tasa de reposición iniciada con la crisis de 2012 ha provocado una drástica disminución y un importante envejecimiento de la plantilla, así como un incremento de la precariedad laboral en las universidades”.
La investigación y la transferencia que se realiza en las universidades es fundamental para el desarrollo de la sociedad, por lo que los rectores y rectoras del G9 han señalado al ministro que la reforma laboral “pone en riesgo la continuidad de miles de investigadores e investigadoras universitarios” y que, tal y como han puesto de manifiesto previamente, “este asunto podría subsanarse si su desarrollo se coordina con la modificación de la Ley de la Ciencia, que se encuentra en tramitación parlamentaria, mediante la regulación de una figura contractual determinada para la investigación y la transferencia del conocimiento, atendiendo a su especificidad, al igual que ha ocurrido para otros sectores como el de la cultura”.
Por otra parte, el G-9 ha reivindicado su papel fundamental en la transición social necesaria para llevar a cabo con éxito el Plan para la Recuperación y la Resiliencia (MRR). por lo que ha solicitado al ministro una mayor capacidad en el uso de los fondos europeos para conseguir unos campus “más sostenibles, inclusivos y abiertos a la sociedad”. Finalmente, han abordado otros asuntos como la adaptación de la Ley de Contratos del Sector Público a las universidades, la problemática del desarrollo del RDL 28/2018 en relación con las prácticas de estudiantes universitarios, el adelanto de la convocatoria de becas generales del Ministerio de Educación y Formación.
Grupo 9 de Universidades (G-9)
El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación conformada por las universidades públicas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.
La finalidad de la asociación es potenciar las relaciones entre las instituciones universitarias pertenecientes al grupo, a fin de promover, entre otras, la colaboración en actividades docentes e investigadoras de su comunidad universitaria. Las universidades del G-9 cuentan con 170 000, estudiantes, 19 340 miembros del personal Docente e Investigador y 8160 miembros del personal de Administración y Servicios.