Alrededor de 250 juristas procedentes de una veintena de países iberoamericanos participan hasta finales de enero en los XIX Cursos de Postgrado en Derecho organizados por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. La inauguración ha tenido lugar este miércoles a cargo del rector, Miguel Ángel Collado, y del presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.
En la presente edición participan abogados, jueces, magistrados o docentes universitarios, entre otros profesionales, procedentes de países como México, Costa Rica, Chile, Guatemala, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay. Los ocho programas de especialización que la UCLM ofrece este año abordarán asuntos relacionados con el derecho ambiental, los derechos fundamentales y la Hacienda Pública, los derechos de los consumidores, la contratación pública, los derechos de los trabajadores, la resolución de conflictos, el derecho público global o las garantías constitucionales de la investigación y prueba en el proceso penal.
En declaraciones previas al acto inaugural, el rector incidió en el éxito de la convocatoria, que supone un “enriquecimiento para la Universidad, para los participantes y para la sociedad”. Collado subrayó así mismo “la implicación de la UCLM con la sociedad castellano-manchega” y el impacto de esta iniciativa anual sobre la vida académica, cultural y económica de la ciudad donde se desarrolla, recordando que la estancia hasta finales de mes de este nutrido grupo de visitantes implica “miles de pernoctaciones”.
Por su parte, Manuel Marchena centró su lección inaugural en la acción popular, una figura controvertida desde sus inicios y que, según la opinión de muchos juristas, surgió de la desconfianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia.
Marchena recordó que la acción popular es una figura que no existe en Europa, lo que “nos coloca en una posición de insólita originalidad” que, por tanto, requiere una reflexión”. Por eso, el magistrado propone replantear el papel y la funcionalidad de dicha figura, así como la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para ello, considera que se debe limitar su ejercicio a determinados delitos de interés colectivo, entre los que estarían los cometidos por los funcionarios públicos relativos a cohecho, prevaricación y malversación; delitos de odio, terrorismo y medioambientales.
Los programas de especialización que cursarán los juristas iberoamericanos hasta el 24 de enero se completan con una serie de conferencias a cargo de prestigiosos profesionales de la ciencia jurídica procedentes de ambos lados del Atlántico. Entre otros, intervendrán como ponentes el magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré; el catedrático de Derecho Procesal Vicente Gimeno Sendra; el catedrático de Derecho Penal Francisco Muñoz Conde o el penalista peruano Miguel Pérez Arroyo.
En el acto inaugural participaron también la vicerrectora de Internacionalización y Formación Permanente, Fátima Guadamillas; el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Alberto Sanz, y el director de los cursos, Pedro J. Carrasco.