La UCLM convoca sus órganos de gobierno para abordar la solicitud de financiación para 2017

Más de un año de conversaciones con el Gobierno regional

Imagen de archivo del Paseo del Paraninfo de Ciudad Real

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha venido manteniendo contactos permanentes con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) para definir un marco de financiación plurianual que le permitiera hacer frente a la planificación y realización de sus actividades, que incluyen la educación superior, la investigación científica, la innovación tecnológica y la transmisión de la cultura. Desde la formación del nuevo gobierno regional en julio de 2015, hace algo más de un año, los contactos se intensificaron para asegurar un nuevo marco que sustituyera al que vencía en diciembre de 2015. La financiación para la UCLM recogida en los presupuestos regionales de 2016 se realizó sin embargo sin establecer previamente ese nuevo marco ni contar con un convenio de financiación en vigor. Habida cuenta de la falta de avances y ante la preocupación de que la situación volviera a reproducirse en la elaboración de los presupuestos de 2017, la UCLM presentó una solicitud de financiación de 140 millones para 2017 que fue trasladada al gobierno regional, así como a los grupos parlamentarios y las formaciones políticas de Castilla-La Mancha. Ante las recientes declaraciones publicadas en medios de comunicación respecto a esta solicitud de financiación, la UCLM informa de la convocatoria extraordinaria de sus órganos de gobierno para abordar este asunto y quiere asimismo trasladar a la sociedad las consideraciones incluidas en el cuerpo de este comunicado.

En los dos últimos años, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) tenían establecido un marco de financiación plurianual en forma de convenio que permitía cubrir una proporción significativa del coste de prestación del servicio universitario para el periodo considerado y ordenar las distintas actividades de acuerdo con planes estratégicos plurianuales. El Convenio de Financiación 2014-2015 y el Plan de Fortalecimiento 2014-2015 asociado suponían invertir la tendencia negativa de los años anteriores para situar a la UCLM en el inicio de una senda de recuperación, mejorar su posición en el sistema universitario español y contribuir al crecimiento y la creación de empleo en Castilla-La Mancha.

En julio de 2015, mediado el segundo año de aplicación del convenio, se forma un nuevo gobierno regional. La UCLM inicia los contactos con el gobierno regional para establecer un nuevo marco de financiación 2016-2019 con el objetivo de dar continuidad a la senda de recuperación de la financiación pública trazada en 2014-2015, servir de referencia para los presupuestos regionales de 2016 y hacer posibles políticas como la reducción de las tasas y precios públicos a los estudiantes universitarios. A pesar de que la tramitación de los presupuestos regionales se retrasa, no se producen avances en la definición del nuevo marco, de manera que aquéllos incluyen una financiación que no se determina conforme a los costes de prestación del servicio universitario. Después de varias rondas de contactos, la Universidad traslada al Gobierno que para garantizar una proporción de cobertura mínima de los costes, la financiación pública para 2016 ascendía al menos a 132 millones en 2016, con la advertencia de que ello no incluía eventuales reducciones de tasas y precios públicos en el curso académico 2016-17. Sin embargo, el Gobierno regional incluye finalmente 125,7 millones de euros en los presupuestos regionales, emplazando a la Universidad a reestablecer la situación con más calma en el segundo presupuesto regional correspondiente a 2017 y refiriéndose a la financiación adicional procedente de convocatorias de investigación.

Respecto del convenio de financiación 2014-2015, vigente en la segunda mitad de 2015 coincidiendo con la formación del nuevo gobierno autonómico, la Universidad solicita la activación de su cláusula cuarta, que preveía la posibilidad de aumentar la subvención nominativa de la Universidad en 3 millones de euros adicionales durante el ejercicio presupuestario para alcanzar los 123 millones de euros desde los 120 millones de euros recogidos inicialmente. La solicitud de activación se realiza tan pronto como se conoce el acuerdo del Gobierno central de devolución de un 25% de la extra de 2012 a los funcionarios, habiendo quedado prevista la citada cláusula en el convenio firmado en 2014 precisamente en previsión de que este tipo de contingencias se materializasen. Tras comprometerse a estudiar su activación en función de la marcha del cierre del ejercicio 2015 de las cuentas regionales, no se atiende finalmente la aplicación de la cláusula contemplada en el convenio, de manera que la UCLM tiene que hacer frente al cumplimiento de una normativa básica dictada por el Gobierno central sin respaldo presupuestario del Gobierno autonómico, convirtiéndose en un caso singular en el panorama universitario español. El incremento de financiación nominal que el Gobierno regional establece en 5,7 millones de euros para 2016 queda en realidad reducido a 2,7 millones de euros de haberse aplicado la cláusula convenio de financiación que elevaba a en 3 millones hasta los 123 millones de euros la subvención nominativa de la Universidad para 2015.

En la segunda mitad del 2015, la Universidad también comunica al Gobierno regional que está pendiente la aportación de la cofinanciación nacional del 20% correspondiente al equipamiento científico-tecnológico de una convocatoria nacional en la que los investigadores de la Universidad regional obtuvieron algo más de 12 millones de euros en concurrencia con los de otras universidades. En estas convocatorias, el Gobierno central aporta el 80% de las ayudas y los gobiernos regionales el 20% restante, estableciéndose para ello un convenio cuya redacción había quedado avanzada antes de la formación del nuevo gobierno. Los investigadores y los gestores de la Universidad habían conseguido además poner en marcha todos los procedimientos necesarios para ejecutar estas ayudas en el plazo establecido de diciembre de 2015 y absorber la financiación disponible. Tras comprometerse a estudiar igualmente su aportación en función del cierre del ejercicio 2015 de las cuentas regionales, la Junta no aporta finalmente los 2 millones que le correspondían, a los que la Universidad hace frente nuevamente sin respaldo del Gobierno autonómico evitando así la pérdida de los 10 millones procedentes del Gobierno central que llegaban a Castilla-La Mancha.

Con estos antecedentes de financiación, el Gobierno regional retoma los estudios y las simulaciones remitidas por la Universidad respecto al impacto que tendría una reducción de las tasas y precios públicos para el curso académico 2016-17. Tales estudios y simulaciones fueron enviados por la Universidad en agosto de 2015 con tiempo para que el Gobierno regional las tuviera en cuenta de cara la fijación de la financiación para 2016. Una reducción de tasas y precios públicos a realizar en el curso académico 2016-17 debía tenerse en cuenta al realizar el presupuesto de 2016 durante el año anterior, ya que la menor financiación privada procedente de las familias se compensa con mayor financiación pública procedente del Gobierno regional. Los 125,7 millones presupuestados para 2016 no incluían esta reducción, como se ha indicado previamente. El Gobierno regional argumenta con posterioridad que el curso académico 2016-17 podría ser contemplado en el presupuesto de 2017, difiriendo así un año su compensación a la Universidad. Ante la posibilidad de adelantar un año la reducción de tasas y precios públicos en beneficio de los estudiantes, la Universidad colabora con el Ejecutivo autonómico en la orden de tasas y precios públicos 2016-17 que trae la equiparación de los precios de los másteres a los grados, ayudas de movilidad y eliminación de otros precios públicos. Estas medidas tienen un impacto negativo de 1,7 millones de euros en la financiación de la Universidad para 2016 como consecuencia de una menor recaudación.

Analizados los presupuestos regionales de 2016 respecto a investigación, la Universidad detecta que los créditos no solo no parecen prever una nueva convocatoria de proyectos de investigación, sino que además tampoco tienen dotación suficiente para las anualidades de convocatorias previamente resueltas y que debían estar debidamente comprometidas en los presupuestos regionales. El Gobierno regional ofrece distintas respuestas a la Universidad que pasan desde el punto inicial de indicar que se habilitarían partidas adicionales para sacar una nueva convocatoria de proyectos de investigación dentro de 2016 hasta el punto final consistente en dictar una resolución unilateral que reprograma los proyectos existentes para retirar financiación del 2016. La Universidad ha recurrido una resolución de la Junta que ordena gastar fondos en 2017 que ya han sido empleados por los grupos de investigación de la Universidad en 2016 antes de que aquella se dictara. En términos financieros, esta resolución retira 2,4 millones de euros de la financiación con la que contaba la Universidad para 2016.

El balance de las decisiones adoptadas por el Gobierno regional respecto a la financiación de la UCLM en los ejercicios 2015 y 2016 de acuerdo con los hechos indicados es desfavorable. En 2015, con el convenio de financiación 2014-2015 aún vigente, se produjo una reducción de la financiación de 5 millones de euros, suma de los 3 millones de euros que el Gobierno regional decidió no afrontar derivados de la normativa básica relativa a la recuperación de una cuarta parte de la paga extra de 2012 y de los 2 millones de euros que siguen pendientes de aportar por la cofinanciación nacional de infraestructuras de investigación previamente conseguidas en convocatorias competitivas.

En 2016, correspondiente al primer presupuesto del gobierno formado en julio de 2015, la subvención nominativa aumenta en realidad sólo 2,7 millones de euros. El aumento aducido de 5,7 millones de euros se produce sólo por la no aplicación de las previsiones contenidas en el convenio de financiación correspondientes a 2015. Además, esos 2,7 millones de euros se quedan en 0,3 millones de euros por cuanto el Gobierno regional retiró 2,4 millones de euros de investigación que financiaban proyectos con compromisos plurianuales firmes con la propia Universidad para colocarlos en la subvención nominativa, realizando un simple cambio de partidas presupuestarias sin incremento real de la financiación.

En consecuencia, la diferencia entre la financiación recibida y el coste de prestación del servicio se ha ampliado durante 2016, con una reducción de la cobertura del coste que, en lugar de continuar la senda de recuperación iniciada en 2014, aleja a la Universidad de cualquier punto de equilibrio. Por el lado de los costes, en 2016 la Universidad ha visto cómo aumentaban sus costes de personal en 4,2 millones de euros sólo por aplicación de la normativa básica relativa a los empleados públicos (subida del 1% de sueldos; abono del 25% de la extra de 2012; trienios, quinquenios y sexenios devengados), esto es, por decisiones ajenas no adoptadas por la propia Universidad. El resto de costes ha aumentado 2 millones de euros, buena parte de los cuáles se han dedicado a becas y ayudas al estudio. Por el lado de los ingresos, la Universidad ha visto cómo disminuía la recaudación por la reducción de las tasas y precios públicos en 1,7 millones de euros, a lo que hay que sumar la reducción de los 2,4 millones de euros retirados de investigación de manera sobrevenida.

En definitiva, la solicitud de financiación de 140 millones de euros para 2017 sólo pretende aproximarse al coste de prestación del servicio desde una perspectiva de equilibrio, esto es, no es una solicitud para que la UCLM cuente con más fondos para emprender iniciativas nuevas y emplear para ello recursos adicionales (financiación competitiva), sino para cubrir de manera razonable lo que ya viene haciendo sin incurrir en nuevos compromisos (financiación básica). En este sentido, la Universidad ha trasladado al Gobierno regional que no corresponde avanzar en la utilización de mecanismos de financiación competitivos, tales como contrato-programas o similares, mientras no quede cubierta la financiación básica de las actividades que actualmente tiene encomendadas.